El embajador Joaquín Pérez Ayestarán, representante permanente alterno de la República Bolivariana de Venezuela ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU), participó este viernes en la última reunión plenaria de la Asamblea General de cara al 79° Período de Sesiones, tras la adopción del proyecto de resolución “Eliminación de las Medidas Económicas Coercitivas Unilaterales Extraterritoriales utilizadas como Instrumento de Coacción Política y Económica”.
Se trata de la segunda resolución que impulsa con éxito el Grupo de Amigos en Defensa de la Carta de las Naciones Unidas, del cual forma parte Venezuela junto a otros 17 países. El texto fue además copatrocinado por las delegaciones de Angola, Burkina Faso, el Congo y Senegal.
Durante su intervención, el embajador Pérez Ayestarán recordó el impacto negativo de las medidas coercitivas unilaterales, “aplicadas en flagrante violación de los postulados de la Carta de las Naciones Unidas y de toda norma del derecho internacional”, al destacar que “es una realidad que no se puede ocultar”.
“Sus efectos perniciosos afectan de manera directa a más de un tercio de la humanidad. Sin embargo, de manera indirecta, afectan a la comunidad internacional como un todo, pues han generado una crisis sistémica que, entre otros, exacerba la actual crisis global multifacética a la que nos enfrentamos como humanidad”.
En este sentido, el diplomático manifestó que es inaceptable “continuar con un enfoque de ‘business as usual’, que pretende perpetuar un insostenible ‘status quo’, por lo que se convierte en un deber ético y moral incluir en todos esos documentos (…) elementos concretos que rechacen la promulgación y aplicación de estas ilegales medidas coercitivas unilaterales”.
El Embajador venezolano resaltó que la adopción de este proyecto de resolución “es, sin duda alguna, un paso en la dirección correcta, pues abre los espacios para sostener, en el seno de esta Asamblea General, principal órgano deliberativo, de formulación de políticas y representativo de las Naciones Unidas, un diálogo político periódico que nos permitirá, por una parte, generar mayor conciencia sobre esta problemática de alcance mundial, y, por otra, avanzar hacia el levantamiento completo, inmediato e incondicional de estas medidas criminales que tanto dolor y sufrimiento generan a pueblos enteros alrededor del mundo”.
La resolución adoptada por consenso, además, cambia de tres a dos años la periodicidad con la que se considera, en el plenario de la Asamblea General, la cuestión de las medidas coercitivas unilaterales.
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