El Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela rechaza enérgicamente la decisión adoptada en el procedimiento judicial de “venta forzosa” de la empresa Citgo Petroleum Corporation (CITGO), que ha sido ejecutado por la autoridades de los Estados Unidos de América en perjuicio de los intereses de Venezuela y sus entidades, y que constituye un vulgar y bárbaro despojo de un activo venezolano en territorio estadounidense mediante un proceso fraudulento.
La empresa CITGO es un valioso activo de Petróleos de Venezuela (PDVSA), que pretende ser expoliado por el gobierno de los Estados Unidos bajo la instrumentalización de un procedimiento judicial claramente contrario a Derecho.
El Gobierno de Venezuela y PDVSA fueron -intencional e ilegalmente- excluidos del proceso gracias al tráfico de influencias del gobierno estadounidense sobre los tribunales de ese país, impidiéndoles ejercer el derecho a la defensa bajo la grosera excusa de “desconocimiento” del legítimo gobierno venezolano, la cual fue especialmente diseñada para robar activos estratégicos a nuestro país.
La inminente venta forzosa de CITGO constituye un nuevo episodio de la agresión multiforme que se ejecuta desde los Estados Unidos contra Venezuela en complicidad con María Corina Machado, Edmundo González, Juan Guaidó, Julio Borges, Carlos Vecchio, José Ignacio Hernández y el grupo de delincuencia organizada autodenominado “Asamblea Nacional de 2015”, que ha pretendido usurpar la representación de la República y sus entidades en el extranjero, para dejar a Venezuela sin defensa alguna frente al robo descarado.
Venezuela reitera que no reconoce ni reconocerá la venta forzosa de CITGO, adelantada en flagrante desprecio de las garantías y libertades económicas, el debido proceso y el derecho a la defensa garantizados por cualquier Nación civilizada.
El Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela reafirma que seguirá adoptando todas las medidas a su disposición para garantizar que los promotores y ejecutores del despojo de CITGO respondan ante la justicia y se impongan las responsabilidades civiles y penales correspondientes, por la pérdida de este activo propiedad del pueblo venezolano.
Este caso pasará a la historia como evidencia patente y patética de que en el territorio de los EEUU no se respetan ni garantizan las inversiones extranjeras, las cuales pueden ser objeto de apropiaciones ilícitas en cualquier momento bajo rebuscados subterfugios.
El Estado venezolano cuenta con las leyes e instituciones pertinentes para llevar a la justicia a quienes facilitaron este saqueo, y rindan cuentas ante la sociedad venezolana por su actuación apátrida y criminal. El pueblo venezolano dará lección histórica a quienes se han atrevido a entregar y robar el patrimonio de todos y todas. Se hará justicia.
Caracas, 2 de diciembre de 2025
