«Hoy las sanciones unilaterales se han convertido en el instrumento principal de política exterior de corporaciones transnacionales y sus brazos políticos. El gobierno de Estados Unidos y sus aliados producen impactos equivalentes y, en muchas ocasiones, mucho más graves de lo que produce un conflicto militar: hambre, pobreza, muerte, devastación, desigualdad y migración», refirió el viceministro de Políticas Antibloqueo, William Castillo, durante su intervención ante la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), en la 34° Comisión de Prevención del Delito y Justicia Penal.
Denunció que Venezuela ha sido blanco de mil 39 medidas coercitivas unilaterales desde el año 2014, «que generaron un impacto devastador en nuestro pueblo» y la existencia de una organización criminal transnacional de nuevo tipo detrás de las sanciones unilaterales, que se «dedica a saquear los recursos y patrimonios soberanos de los Estados» en nombre de su aplicación.
Castillo destacó que a partir del 2017, las sanciones redujeron en más del 90% el ingreso anual de divisas, «dañando severamente la prestación de programas sociales dirigidos a niños, mujeres, personas con discapacidad y de la tercera edad», lo que también perjudicó la prestación de servicios esenciales para el ser humano.
Explicó que la imposición de medidas coercitivas por parte de países del norte global contra 30 Estados soberanos, conforman “una política internacional ilegal, violatoria del derecho internacional, de acuerdo a la resolución de la ONU».
En su versión extrema, «expresa también una política de naturaleza criminal, de acuerdo al Estatuto de Roma», aseveró el Viceministro.
Asimismo, exaltó la violación de los derechos humanos, la salud, la alimentación, la movilidad, incluyendo el acceso a la justicia, como la privación de servicios esenciales a los cuales es sometida la población civil; «son los rasgos más visibles y dramáticos de esta política».
El también Gerente General del Observatorio Venezolano Antibloqueo resaltó que estas acciones constituyen crímenes internacionales, ilegales y perniciosos que no se encuentran tipificados en las leyes, pactos, tratados y resoluciones internacionales. «En una época en la que declina la hegemonía global, los países del norte recurren a la aplicación de sanciones como instrumento neocolonial para imponer gobiernos dóciles a sus intereses».
«Venezuela fue víctima de operaciones políticas y de turbias negociaciones sustentadas en acciones jurídicas derivadas de la imposición de las medidas coercitivas unilaterales», que hoy en día son pie para que el país suramericano siga defendiendo la legalidad internacional y su justicia como vía, y utilizar el «multilateralismo como los caminos para avanzar colectivamente en la reeducación de una práctica de naturaleza neocolonial», y así luchar contra estos hechos. Toda forma de agresión contra el pueblo se convierte en un «tema de soberanía, dignidad y de justicia», acotó.
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